Lograron una condena para la escuela que hace 10 años le había negado la matrícula a su hija

Un tema que se repite y que reaviva la polémica con el fin de año: el derecho de los colegios privados a negar la matrícula a un alumno versus el derecho de los alumnos a educarse. Y un caso emblemático para Jáuregui, en Luján. La lucha de la familia Núñez es famosa en todo Jáuregui. En los pueblos chicos, estas historias se conocen: hace diez años, cuando la menor de sus hijas cursaba el sexto grado en el Instituto San Luis Gonzaga, la familia recibió una carta documento en la que se indicaba que no le renovarían la matrícula, sin mayores argumentos. En ese momento comenzó una pelea judicial y social que tuvo su desenlace el mes pasado, con el fallo de la Justicia a favor de la familia.

“Esto comenzó a fin de 2006, cuando nos informaron que no le renovarían la matrícula a nuestra hija Manuela. Supuestamente se debía a ‘reclamos inadmisibles’ por parte de la familia”, explica Claudio Núñez. Los temas que sembraron el conflictoeran sus quejas y pedidos de explicaciones sobre cuál era el método de elección de los abanderados o acerca de las medidas de seguridad del taller, donde otra de sus hijas había sufrido un accidente. “Cada tema que planteamos lo hicimos de forma prolija, por nota y con el respaldo de una inspección, pero parece que no está bien visto. Como decidimos ir a fondo, esto provocó problemas”, reflexiona.

Para la familia, la no renovación de la matrícula fue idéntica a una expulsión y así comenzaron el camino por diferentes organismos y puertas, buscando ayuda. Manuela Núñez tenía 10 años y vivió la situación con angustia. Al año siguiente pudo seguir estudiando en el Instituto Inmaculada Concepción, donde se habían conocido sus padres. Ese año llegaron al INADI, que después dictó un fallo “ejemplar” contra la escuela. Pero la Justicia demoró casi nueve años más. “En todas las instancias que atravesamos, la escuela no pudo presentar ninguna prueba ni un testigo. Incluso en un momento argumentaron que reincorporarían a nuestra hija si tenían garantías de que yo no la acompañaría en ninguna oportunidad al colegio”, señala Núñez.

La demanda, además de focalizarse en el colegio, fue realizada contra el entonces representante legal, Eduardo Antonelli; el presidente de la Comisión Directiva, Pablo Lugones Rojas, y la Asociación de Padres. Este tema desató un conflicto interno, ya que la sentencia (cuyo monto no fue informado) fue pagada por la asociación y no por las personas demandadas.

Hoy, la joven tiene 20 años y está terminando sus estudios universitarios mientras trabaja con su papá en un emprendimiento familiar. “Ella cerró este tema. Ahora queremos que esto sirva para sentar un precedente y que nunca más se cometan este tipo de injusticias en las que los chicos quedan como rehenes”, señala su papá. Por su parte, las autoridades del colegio no respondieron a las consultas de Clarín sobre el tema.

Clarín Zonales