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26 septiembre 2017 2 26 /09 /septiembre /2017 16:04

26/09/2017

Frente a las informaciones publicadas en Infobae el 24 de septiembre último, desde la CTERA expresamos nuevamente  nuestro rechazo a la armonización, ya que es una herramienta establecida en la ley 27260/16 autodenominada de reparación histórica, por medio de la cual el gobierno nacional avanza en la destrucción de los sistemas previsionales provinciales.

Se ha anunciado y puesto fecha para el 4 de octubre próximo, a una extorsión lisa y llana a las provincias, autorizando a la ANSES a auditar a los sistemas previsionales provinciales. En función de los avances logrados en dicho proceso de armonización el gobierno nacional les puede negar u otorgar financiamiento. Las provincias deben "armonizar" con Nación, en cuanto a edad jubilatoria, años de servicios exigidos, determinación del haber jubilatorio inicial, y mecanismo de movilidad de haberes.

Queda claro que el gobierno apuesta a acelerar el proceso de destrucción del sistema previsional Público, Solidario y de Reparto, exigiendo  a las provincias que completen a la brevedad sus procesos de armonización mientras que también cumple su objetivo de desfinanciamiento y desaparición  del fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES.

Luego de destruir las jubilaciones ordinarias y los sistemas provinciales, el paso siguiente será la eliminación de los regímenes especiales, entre los cuales se encuentra la actual ley 24016 de jubilación nacional docente y el regreso a la estafa que representa el  paradigma de los regímenes privados de capitalización, planteado como única opción para garantizar un mejor haber jubilatorio.

La CTERA rechaza enérgicamente este nuevo ataque a los jubilados/as - pensionados/as y a todos los trabajadores/as de las provincias con cajas previsionales propias. Los trabajadores y trabajadoras de la educación no vamos a renunciar a nuestros derechos previsionales ni tampoco a la defensa de un sistema previsional de reparto, público y solidario.

NO AL DESFINANCIAMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL
NO A LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JUBILATORIO DOCENTE
NO AL AJUSTE POR MEDIO DE LA ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PREVISIONALES PROVINCIALES

 Jorge Molina                                                            Sonia Alesso
Secretario de Asuntos Previsionales                               Secretaria G

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23 septiembre 2017 6 23 /09 /septiembre /2017 08:52

La reforma de la escuela secundaria que impulsa el gobierno porteño tiene unos cuantos ítems, pero el que más polémica despertó fue el cambio en la forma en que se distribuirá el contenido, con un último año en el que todos los chicos estarán obligados a hacer prácticas educativas en empresas u otros organismos. Se dice que “precarizará el trabajo de los jóvenes”, que “reemplazará los puestos de otros empleados” o que se hará “trabajo infantil”. Lo que nadie dijo es que en el 30% de las escuelas secundarias públicas porteñas ya se están haciendo estas “prácticas educativas laborales” según fuentes oficiales.

Hasta ahora las prácticas son voluntarias y dependen de los acuerdos que puedan hacer los directores de las escuelas con empresas, asociaciones civiles u organismos gubernamentales. Lo nuevo que plantea la reforma es que pasarán a ser obligatorias para los todos los estudiantes del último año de la secundaria pública. Esa obligación se hará efectiva recién en 2022, cuando lleguen a quinto año los alumnos que en 2018 entren a primero en las 17 escuelas pioneras

Como en el resto del país, las 38 escuelas técnicas del distrito ya tienen “prácticas profesionalizantes” hace más de una década. Pero a partir de 2018 se introduce una novedad: en todas las técnicas porteñas, las prácticas educativas serán obligatorias para el 100% de sus alumnos.

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Clarín estuvo en la Dirección Nacional del Registro Automotor, donde hay 7 estudiantes haciendo prácticas laborales, todos de la escuela técnica 37 , especializada en sistemas. Tres de ellos trabajan en el área de comunicación, dos en soporte técnico y los otros dos en el enlace con las plantas verificadoras de autos.

Las prácticas se hacen a contraturno, en el horario de laboratorio. Y reemplazan al trabajo práctico final e integrador de la escuela. Los chicos reciben $1.200 de viáticos, para pagar el almuerzo. El viaje en colectivo es gratis, está cargado en la SUBE

“Está bueno para conseguir experiencia práctica en un ambiente de trabajo real”, arrancó Matías Palomeque, uno de los más entusiasmados. En los últimos días, Matías diseñó el afiche del plan “08 Digital”. “Hicimos un Power Point con información dirigida a todo público. Estuve trabajando con diseño gráfico, que es el área en el que me quiero especializar”, le dijo a Clarín. “Es importante porque nos da responsabilidades, aprendemos cómo es un ámbito de trabajo y nos incluyen”, agregó Iván Asnaghi.

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Jonathan Medina trabaja, junto a Christian Murga, en el soporte técnico de sistemas. Cuenta que vienen de conectar los cables de red “a la pachera”, que es “el puerto de conexiones al servidor”, explica. Aldana Rojas está conforme porque dice que esta experiencia le sirve para saber cómo comportarse e insertarse en un trabajo. “Tengo más libertad de la que pensé y aprendo a tener responsablidades”, dice. A Mariluz Mamaninina le tocó trabajar con Mariano Demoli en la digitalización de las actas de las plantas verificadoras de autos. “Por ahora solo tenemos que ingresar los datos de las actas a las computadoras, pero ya pensamos que todo este proceso se puede hacer online y en forma automática”, dice Demoli

Difícilmente lleguen a tiempo. Carlos Walter, director de la Dirección, cuenta que impulsa las prácticas educativas hace 8 años, ahora en esta dirección y antes en Rentas. Y que la mayoría de los que pasan por la experiencia teriminan en empresas de primera línea. “Esto no es solo para ellos. A nosotros nos hacen a un aporte muy importante: traen aire fresco y un cuestionamiento positivo de todo lo que pasa acá”, agrega Walter.

Clarín también habló con Ruth Aquino, que hizo una práctica educativa en la empresa de tecnología Exo en 2009 y hoy, con 26 años, dirige el área de electrónica de esa empresa (son 18 personas). Cuenta que era la única mujer que estudiaba en la escuela técnica San Martín y que hacía la pasantía a la mañana y salía corriendo para llegar a la tarde al colegio. “No es necesario que te paguen estas pasantías. Para mí, la experiencia es impagable. Tener dinero y no tener inteligencia no sirve”, dice Ruth.

Diego szychowski, vicepresidente de Exo, es categórico. Afirma que Ruth es “una de las mejores personas que tenemos en electrónica”. “Encontrar gente capacitada en programación es muy difícil, casi no hay. Me da mucha pena cuando estos chicos crecen y ya no tenés capacidad de retenerlos a todos. Además, nos aportan una visión distinta de la realidad y del uso de la tecnología”, dice.

Melani Vargas también estudia electrónica y está haciendo la pasantía ahora en BGH. Cuenta que la empresa los fue a buscar y, tras una selección, quedó ella. “Estoy contenta con la experiencia laboral. Me va a abrir muchas puertas, voy a poner en mi curriculum que trabajé acá. El contrato se termina en noviembre, pero si ellos están contentos conmigo quizás me quede”, le dice a Clarín.

Un interrogante es si, cuando la implementación de la reforma llegue en 2022 a los 12.000 chicos del último año de la secundaria, habrá la suficiente oferta laboral para todos los colegios. “Las proyecciones que tenemos nos dice que sí. Estamos muy bien encaminados. Esto lo va a trabajar todo el gobierno en su conjunto, especialmente el Ministerio de Trabajo”, le dijo a Clarín Andrea Bruzos, del ministerio de Educación porteño. Este, como otros interrogantes, de todos modos, siguen planteados

 

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23 septiembre 2017 6 23 /09 /septiembre /2017 08:49

Suena el teléfono en la escuela, atiende un directivo y el aviso llega de inmediato: “Hay una bomba en el colegio”. Lo que viene después es un operativo en donde hay que retirar a todos los alumnos del Instituto y esperar a que un escuadrón anti explosivo revise las instalaciones. Sólo ayer esa escena se repitió 48 veces en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, donde ya son un verdadero dolor de cabeza: en lo que va de septiembre el número asciende a 837 llamadas, un 251% más que el mes pasado.

Las amenazas de bomba en colegios no son novedad, la acción data de hace muchísimos años y la intención es casi siempre la misma: evitar algún examen, conseguir que se extienda la fecha de entrega de un trabajo práctico o una broma pesada entre alumnos. Lo cierto es que ahora esa práctica está más intensa que nunca y las falsas denuncias por explosivos dentro de las escuelas son cada vez más.

Según le contaron a Clarín, sólo ayer 48 centros educativos debieron ser evacuados por la existencia de una llamada que alertaba sobre la presencia de una bomba en el interior del edificio. Todas dieron resultado negativo, salvo una en Almirante Brown, donde encontraron una granada. Uno de los partidos que más lo sufrió fue Morón, con cinco llamadas a colegios, incluida la escuela "Crear y Ser", donde asisten dos de los hijos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Fuentes de la Gobernación provincial agregaron números a este crecimiento del fenómeno. Cuentan que en el mes de julio se recibieron 72 llamadas, que aumentó a 238 en agosto y que en sólo 23 días que lleva septiembre ya se alcanzaron 827, es decir un 251% más que el mes pasado. Y todavía falta una semana para que concluya.

Los especialistas que llevan las estadísticas tienen un porqué a la impresionante cantidad de llamadas por falsas bombas en el interior de las escuelas: se lo atribuyen a las tomas que por estos días los alumnos de la capital llevan en los treinta centros educativos porteños: “Los chicos de la provincia ven que hay otros estudiantes que no tienen clases y por eso ellos también quieren faltar”, aseguran.

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Según explicaron, cada llamado al 911 para alertar por amenaza de bomba le cuesta al Estado unos $25.000 -el costo del operativo-. Es decir, unos $12.500.000 por mes o 100 millones de pesos por ciclo lectivo. La policía debe mandar, en cada caso, un escuadrón anti explosivo. Los jóvenes pueden hacer la llamada desde sus celulares habiendo sacado el chip -como llamada de emergencia- y, de esa manera es imposible identificar el dispositivo. Además todos aquellos que se encuentren dentro del sitio deben salir de manera obligatoria, porque aunque la sospecha de que en realidad todo sea falso, se debe chequear.

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Ricardo Barone, director del colegio Joaquín V González de Barracas, es uno de los más afectados por las amenazas. En una entrevista con Radio Mitre, el hombre contó cómo es el operativo en el que deben sacar a la calle a más de 400 alumnos: “Retirarlos a todos lleva unos 20 minutos y luego hay que esperar al escuadrón que puede tomar hasta dos horas”. El director además relató que hay días en los que reciben hasta dos amenazas: “Naturalizamos una situación que es tragicómica. Recibimos a veces una llamada a la mañana y otra a la tarde. El jefe del operativo antibombas ya me saluda con un ‘hasta luego'”.

 

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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 17:30

Todos los docentes con cursos a cargo en una escuela de La Plata pidieron licencia después de que el padre de un alumno agrediera verbalmente a un profesor de educación física y por eso no se dictan clases en el lugar desde hace una semana.

Todo empezó el pasado miércoles 13, cuando un padre insultó al profesor de gimnasia de su hijo en el patio de la Primaria 16 Naciones Unidas --ubicada en el cruce de las calles 530 y 123 de la capital provincial-- frente a la mirada de toda la comunidad educativa. Al parecer, el enojo del hombre se debía a que los docentes "no tomaron en serio y se burlaron" de la agresión que su hijo había recibido el día anterior de parte de un compañero.

Tras el episodio, ocho docentes y una secretaria de la escuela pidieron licencia vía su ART por la conmoción que les generó la agresión. El profesor de educación física incluso está bajo tratamiento psicológico y consiguió extender su licencia unos días más, pero no quiso realizar la denuncia penal.

"Es una escuela muy chica, con una sola sección por cada uno de los seis grados. Llamamos a acto público inmediatamente, pero casi no se presentaron docentes para cubrir los cargos vacantes como suplentes", le explicó a Clarín Sergio Siciliano, subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires. Por eso, al quedarse sin maestros, a la escuela no le quedó otra opción que cerrar sus puertas.

Si bien las licencias de tres de los ocho docentes involucrados se vencían ayer, uno solo de ellos (una profesora de artes plásticas) fue hoy a trabajar, ya que concurrieron a una reunión gremial. "Lo más importante es la continuidad pedagógica de los chicos. Por eso les entregamos cuadernillos a los alumnos para que continúen estudiando en sus casas. De cualquier manera, la situación debería normalizarse mañana", agregó Siciliano.

El caso de la Primaria 16 se suma a lo ocurrido días atrás en la Primaria 55, también de La Plata, donde seis docentes y la directora se tomaron licencia tras haber denunciado a un padre de un alumno por presuntas amenazas. Esta nueva tendencia de "licencias masivas" encendió las alarmas en el ministerio de Educación, donde temen que se siente un precedente.

"Sin dudas que la agresión hacia docentes es un tema muy grave, pero no se puede suspender las clases por cualquier cosa. La solución nunca es dejar a los chicos sin estudiar", explicó Siciliano, quien sospecha que puede haber "algún sindicato" promoviendo esta tendencia: "Es llamativo que los únicos dos casos de la Provincia se hayan dado en el mismo distrito. Se sienta un precedente muy malo"

 

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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 17:10

Una maestra rural de General Villegas, un distrito ubicado en el noroeste bonaerense que está bajo el agua desde hace 20 meses, decidió, al quedar aislada la escuela, subirse a un tractor e ir a dar clases a la casa de sus alumnos para que no pierdan el año escolar.

Se trata de Daniela Canale, directora y única maestra de la Escuela primaria número 29, ubicada en el paraje Colonia La Belita, a 50 kilómetros de la ciudad cabecera de General Villegas, a la que concurrían 5 niños: dos cursaban segundo grado; uno, tercero; uno quinto y otro sexto grado.

"La escuela quedó aislada, los chicos no podían llegar por el estado de los caminos, así que la escuela está cerrada, abandonada, con los pastos altos pero las ganas de enseñar y de aprender están intactas", contó a la agencia Télam Canale.

El distrito de General Villegas padece inundación desde hace 20 meses, por lluvias intensas y por el ingreso de agua proveniente de las provincias de Córdoba y La Pampa.

Ya el año pasado las escuelas rurales del partido debieron ingeniárselas para continuar dando clases y lo hacían mudándose a otros establecimientos; enviando la tarea con tractores y hasta utilizando la conexión con los alumnos vía Skype.

Daniela Canale, la maestra rural que va a dar clases a las casas porque la inundación bloqueó el acceso a la escuela.

"El nene que cursa tercer grado, por diversas circunstancias de salud de sus familiares, no fue nunca regular en su asistencia a clases y recién ahora está aprendiendo a leer, por lo que al no poder llegar a la escuela se iba a dificultar ese proceso pero yo le prometí al nene que vamos a terminar el año leyendo", dijo entusiasta la docente.

Fue así como, pensando en el aprendizaje de sus 5 alumnos, Daniela decidió ir en tractor a las casas de ellos a darles clases; y hay días donde ella es una suerte de "escuela itinerante", ya que concurre a las casas junto al profesor de educación física, Ezequiel Rodríguez o la profesora de inglés, Jorgelina Vázquez, para que ellos también dicten sus materias.

"Un día voy a una casa, donde se reúnen 3 de mis alumnos; y al día siguiente voy a otra casa donde se reúnen los otros dos. ¡Si vieran la alegría con la que me esperan!;", destacó.

Además, detalló que como en las casas no hay pizarrón, todos trabajan alrededor de una mesa y "cuando viajo con el profe de Educación Física llevamos las pelotas y los conitos para la clase".

Canale explicó que ante esta situación "vas haciendo un recorte del programa de estudios, priorizando contenidos: por ejemplo, con el nene que cursa sexto grado, es decir que ya termina la primaria, estoy empezando a trabajar contenidos que verá cuando pase a primer año de secundaria".

Ni el agua, ni el cansancio de viajar en tractor todas las mañanas logran borrar la sonrisa de Daniela, que no duda en afirmar que "si pudiera volver a elegir, volvería a elegir la docencia como profesión, y en especial, ser maestra rural".

Fuente: Télam

 

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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 11:57

Las prácticas educativas fuera de la escuela son el punto más cuestionado de la reforma de la secundaria que el Gobierno porteño pondrá en marcha a partir del año próximo. Ayer, en la reunión con los estudiantes, la ministra Soledad Acuña insistió en que no serán pasantías de trabajo. Este tipo de práctica de formación fue defendida hoy por Pablo Díaz, sobreviviente de “La Noche de los Lápices”.

Díaz es director de Pampa Energía desde junio de 2006, antes fue asesor en la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación y tiene a su cargo justamente la incorporación de estudiantes a la compañía.

El ejecutivo afirmó que las prácticas laborales “son importantísimas, son una expectativa de vida, son la posibilidad de estar incorporados a un mecanismo de la sociedad en la que no podemos ser hipócritas, en la que todos vivimos. Son una necesidad”. Y planteó un ejemplo de cómo estas actividades formativas pueden tener un impacto positivo en los jóvenes: “En Salta, en la central térmica de Güemes, fui al inicio de una práctica profesional con 17 chicos que eran becados. El primer día les planteamos qué querían ser de su vida. Siete chicas dijeron que querían ser guardiacárceles y los otros, policías, en función de que en tres meses tienen un sueldo y es muy fácil el examen en sí mismo. Cuando terminaron las prácticas, de 17 chicos, 11 querían hacer una tecnicatura y algunos la carrera de ingeniería, en función de lo que habían visto”.

En declaraciones a radio Mitre, señaló que estas prácticas no las estableció el macrismo, sino que vienen de la anterior gestión kirchnerista: “Las prácticas profesionalizantes fueron impulsadas hasta por el gobierno que se fue durante 12 años. Era una instancia en el último año para darle una orientación laboral a quien dejaba la adolescencia y dejaba en ámbitos de la terminalidad de la secundaria para ingresar a un ámbito mucho más duro que es el laboral”.

A través de una fundación, contó, tiene la posibilidad “de becar y acompañar, que es lo más interesante. En La Emilia, una escuela técnica de San Nicolás en la zona inundada, en quinto año hay 60 alumnos. A sexto año pasaban 22 y se recibían 11. La deserción escolar es muy grave. Yo tuve la posibilidad y la suerte de becar y estoy acompañando la totalidad de quinto año, para que pasen y se reciban”.

“No hay mayor expectativa de una familia de vulnerabilidad económica que crea que su hijo se salva con la educación y lo laboral en este sistema en el que nos toca vivir. Es distinto cuando vos tenés una reserva económica de tus padres, en los cuales tenés las necesidades básicas cubiertas y tu expectativa de vida puede ser plantearte otra identidad de libertad, política, gremial, etc. Pero cuando vamos a las necesidades económicas de muchas familias, donde aunque el costo de la educación sea gratuito, está el de transporte, fotocopias, libros... Todo esto es lo que hay que resolver”, analizó.

Sin decirlo explícitamente, Díaz cuestionó la politización de las tomas y la tergiversación de la discusión sobre la cuestión educativa. “Yo siempre estuve peleado con los porteños. A veces me da rabia esto, veo estas contradicciones. También creo que hay equivocaciones, se llamó pasantías a las prácticas profesionalizantes y creo que ahí se desvirtuó”, dijo. Y apuntó a que hay muchos colegios porteños con características sociales de clase media, pero que “no hay una Argentina homogénea, no puede haber una educación homogénea”.

Díaz habló también de la participación de los adolescentes en las tomas, que ya llevan cuatro semanas y afectan a unas 30 escuelas. “En función de nuestra propia militancia de la época del 70, nosotros para bien o para mal estábamos en la revolución, no en tratar de que un candidato llegue a legislador en la Legislatura. Yo estoy con la politización de los jóvenes, pero tiene que ser en el ámbito de la educación”, reclamó.

Criticó también que en la discusión estuvieran los alumnos y la ministra de Educación, y no las autoridades intermedias, para lo que pidió el compromiso de los directores de las escuelas: “El problema es que no viste a los 29 directores con la ministra. Eso es lo que falta, lo intermedio. Yo no veo a los directores interfiriendo, diciendo cuáles son las causas políticas por las cuales los chicos tienen que estar solos discutiendo con el ministro de Educación. Hay una carencia en la formación docente del compromiso de plantearse en el medio, porque eso tiene mayores responsabilidades”

 

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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 11:14

Con el objetivo de reafirmar conceptos y contenidos que a su juicio se estaban desdibujando en algunas escuelas católicas, y en respuesta a quejas recibidas “respecto de la transmisión de cuestiones esenciales en diversas asignaturas”, el arzobispo platense Héctor Aguer emitió un decreto en el que hace explícito que esos establecimientos no deberán apartarse de la ortodoxia del catecismo y la doctrina social de la Iglesia, y advierte acerca de los “errores y comportamientos desordenados que se difunden en la cultura vigente”.

Entre estas desviaciones, el prelado menciona las ideas inspiradas en la “teoría de genero” y aquellas referentes al orden social, político y económico que no concuerden con el compendio doctrinario publicado bajo la autoridad de Juan Pablo II en 2004.

Concretamente, el decreto 096/2017 se fundamenta en que “en los colegios católicos los alumnos deben recibir una educación integral basada en la doctrina de la Iglesia, de modo que sean formados en la visión cristiana del mundo y adhieran a ella con el pensamiento y el afecto”; y en que “periódicamente” llegan al arzobispado local diversas quejas, por lo que es competencia de su máxima autoridad “velar para que en los niños, adolescentes y jóvenes no se frustre la finalidad propia de la educación católica”.

En sus párrafos más destacados, el documento, que incumbe tanto a los colegios que dependen directamente del Arzobispado de La Plata, como a aquello pertenecientes a congregaciones religiosas, expresa que “los textos que se usen y las explicaciones de los profesores y catequistas deben ajustarse siempre” al catecismo de la iglesia católica y su compendio, para “mostrar a los alumnos, sin ambages, la verdad católica, con los métodos y actividades que correspondan a la edad de los educandos”.

Aguer advierte que a los niños y jóvenes que concurren a las aulas bajo su órbita “se les ha de ayudar a que adviertan los errores y comportamientos desordenados que se difunden en la cultura vigente, para evitar incurrir en ellos”, ya que “en el Catecismo se encuentra también la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana y sobre la justicia social”.

no a la “teoría de género”

Respecto de la “educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia”, tal como la define el jerarca, prohibe “expresamente” que “en esta área tan delicada y bella se recurra como fuente de inspiración a la ‘teoría de género’ y a los textos que la sostienen”.

“En el momento oportuno hay que exponer con argumentos sólidos una crítica de esa teoría, hoy ampliamente difundida, que pretende negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer” sostiene Aguer, “de modo que los alumnos puedan discernir rectamente y no sean arrastrados por este error”.

Por último, el superior de la jurisdicción católica que abarca los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio establece que “las asignaturas referentes al orden social, político y económico, cualquiera sea el nombre que les atribuya el currículo oficial, deben inspirarse en el Catecismo y en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado bajo la autoridad de San Juan Pablo II el año 2004”.

“De acuerdo con lo establecido por San Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Fidei depositum, del 11 de octubre de 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica es un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunidad eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe”, recuerda Aguer, y advierte que “a ningún docente le está permitido transmitir lo contrario de lo que en él se contiene, y a su tenor debe juzgarse la validez y licitud de textos o apuntes ofrecidos o recomendados en uso a los alumnos”.

Desde el Arzobispado, el padre Christian Viña explicó que “si bien estas premisas estaban vigente, Monseñor Aguer consideró oportuno reforzarlas al advertir que algunos contenidos y hechos que se venían sucediendo contradecían la esencia de la ortodoxia doctrinaria católica; para dar un ejemplo, hubo una institución en la que los propios alumnos se administraban la eucaristía”.

En cuanto a la enseñanza de la sexualidad, Viña aseguró que “no hay listas negras ni nada por el estilo; a los estudiantes no se les oculta lo que se vive en la realidad, sino que se les instruye al respecto de acuerdo con la doctrina católica”.

El cumplimiento de las órdenes de Aguer, desde los jardines de infantes hasta los claustros de la Universidad Católica, será supervisado por la Jurec (Junta Regional de Educación Católica). “Espero de los representantes legales, directivos, catequistas, capellanes y docentes el cumplimiento de estas disposiciones con sinceridad, prudencia sobrenatural y caridad”, puntualizó el prelado.

“Esto no debería sorprender a nadie, en tanto y en cuanto está en plena vigencia en nuestro país la libertad de enseñanza” subrayó Viña, jefe de prensa del Arzobispado: “esto rige para todos, sean instituciones católicas, judías o musulmanas”.

 

eldia.com

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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 11:10

Grupos de padres ya comienzan a ir a la Justicia en contra de las tomas, a las que consideran como “usurpación” de un espacio público -la escuela- así como la negación de ejercer el derecho a la educación por parte de sus hijos. Es el caso de los padres del colegio Belgrano, quienes afirman que desde que se inició la medida de fuerza estudiantil -hace cuatro semanas-, los alumnos y algunos adultos que los acompañan “se hicieron dueños” del edificio, a punto tal que a través de una suerte de libro de visitas deciden a quiénes permiten entrar al colegio y a quiénes no. La denuncia fue recibida por el fiscal Carlos Fel Rolero Santurian, que ya les empezó a tomar declaraciones e incluso se dirigió al colegio para relevar elementos de prueba.

“La denuncia judicial la hicimos la semana pasada, cuando ya habían pasado más de dos semanas de tomas. Nos recibió el fiscal y lo primero que nos advirtió es acerca de las consecuencias que puede tener esta acción para los chicos que ya son mayores de 16 años, porque la nueva legislación les da más derecho pero también más obligaciones”, explicó a Clarín Liliana Quiroga, la madre de una alumna de cuarto año

A pesar de estas advertencias, los padres del Belgrano decidieron avanzar igual con la acción judicial y por eso el fiscal empezó a tomar las declaraciones de esos padres. “Cuando lo solicitó, les pasé el nombre de las personas que no nos dejan entrar al colegio. En la primera semana del paro, ni siquiera dejaron entrar a la directora”, dijo Quiroga.

El conflicto por la reforma de la secundaria empezó a “judicializarse” la semana pasada, cuando grupos de padres como el de la escuela Belgrano decidieron recurrir a la Justicia para ver si podían encontrar la forma de destrabar las tomas. El gran inconveniente que encuentran, dicen, es que no hay una herramienta legal, desde que en el año 2011 la jueza porteña Liberatori canceló un protocolo de acción ante tomas que había redactado el Ministerio de Educación y que enmarcaba este tipo de acciones de los estudiantes.

Ese protocolo fue motivo de polémica la semana pasada, porque llegó a las direcciones de todas las escuelas desde una casilla oficial del Ministerio de Educación. La ministra Soledad Acuña tuvo que presentarse ante la Justicia para aclarar la situación: negó que forme parte de la política oficial con respecto a las tomas y se comprometió a enviar una aclaración a todos los colegios.

“No queremos un desalojo violento ni nada parecido. Sino medidas disuasorias, que permitan que vuelvan las clases y así que se le garantice el derecho a la educación a mi hija”, dijo Quiroga.

 

clarin.com

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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 11:01

Las escuelas tomadas quizá sean la prueba de algo que ya podía intuirse: no quedan maestros. Puede parecer una afirmación provocadora y temeraria, pero basta con escuchar la terminología en boga. Se habla menos de maestros y profesores; ahora se alude al "colectivo docente" y a los "trabajadores de la educación", como si la maestría o el profesorado fueran conceptos obsoletos, propios de un pasado "autoritario" que se quiere borrar.

Maestros y profesores son, antes que nada, líderes. Su voz es una voz autorizada y valorada. No buscan el aplauso fácil ni la aprobación cortoplacista. Juegan, muchas veces, el papel antipático de marcar límites, de exigir, de decir lo que "se debe" y no lo que el otro quiere escuchar. El maestro y el profesor tienen autonomía, respaldo y tranquilidad para desempeñar ese papel. Gozan de la confianza de padres y directivos. Se atienen a reglas y supervisiones, pero no quedan maniatados por una maraña de reglamentaciones que recortan su margen de maniobra y su autonomía creativa. Se animan a llamar las cosas por su nombre, porque se saben respetados y respaldados. Si ésos son los maestros, no es absurdo preguntarnos dónde están.

Hoy nos encontramos con docentes apichonados. Entre ellos hay muy buenos maestros y profesores (muchos más de los que quizá nos imaginemos). Pero tienen miedo. Tienen miedo a los alumnos, a los padres, al ministerio, a los sindicatos, a la dinámica incontrolable de las redes sociales, a la corrección política (que parece aconsejarles no ir nunca contra la corriente), a los escraches, a las sentadas y al "sumario fácil". Tantos miedos están a punto de extinguir aquella imprescindible profesión: la de maestro o profesor. Maniatados y asustados, son reemplazados por el "colectivo de los trabajadores de la educación", cuyo liderazgo en las escuelas queda al menos desdibujado.

Se ve en las pintorescas (si no fueran penosas) tomas de colegios. ¿Dónde están los profesores? ¿Dónde está esa autoridad capaz de poner las cosas en su lugar? ¿Dónde está ese referente que puede explicar, orientar y encauzar a los alumnos con el respaldo de su propia investidura?

Muchos padres, impotentes y alarmados, evalúan recurrir a la Justicia frente a las tomas de colegios. ¿Son los jueces los que deben ir a las escuelas a poner autoridad, noción de orden y algún límite?

Los docentes están apabullados. Basta escucharlos: sufren violencia por parte de alumnos y de padres; conviven con amenazas y agresiones. Y se muestran asediados, además, por "tribunales" que los juzgan desde Facebook o WhatsApp. Las redes contaminan las aulas y paralizan a los maestros: funcionan como teléfonos descompuestos en los que la consigna del docente puede verse tergiversada y sometida a "asambleas populares". Los profesores tienen miedo a poner aplazos o amonestaciones. La discrepancia o el debate en las propias comunidades educativas son censurados o al menos desalentados. Lo reflejan las tomas de estos días: ¿están todos de acuerdo? ¿Dónde se alzan las voces discordantes?

Con docentes asustados, los roles se invierten. La voz del profesor se ahoga en un griterío cotidiano que ni siquiera cumple las reglas de una asamblea.

La falta de maestros deja la escuela "liberada". No hay líderes docentes que expliquen a los alumnos que quizá (sólo quizá) la reforma curricular que se propone tenga el objetivo de mejorar su educación y sus oportunidades, y no esté (como supone la rebeldía estudiantil) concebida para arruinarles la vida. Haría falta que alguien les explicara que las prácticas en ámbitos laborales quizás estén orientadas a facilitar su inserción en el mundo real, y no necesariamente a convertirlos en "mano de obra esclava".

Es probable que la reforma pueda tener aspectos discutibles; quizás hagan falta más explicaciones y debates. La mirada estudiantil seguramente deberá tenerse en cuenta. Nadie suscribe hoy la postura del conservador Manuel Fraga cuando impulsaba en la España de los años 70 una reforma educativa que hoy resultaría anacrónica: "¿No consultaron a los alumnos?", le preguntaron. "Ciertamente, no; como tampoco consultamos a los conejos cuando redactamos la ley de caza", dijo con chocante ironía. Entre aquel autoritarismo rancio y estas escuelas tomadas por alumnos debe haber un lugar de moderación y de equilibrio. Es el lugar que deben garantizar los maestros y los profesores, hoy maniatados y acechados por temores.

 

lanacion.com

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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 10:56

"Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo". Así arranca el artículo 33 de la Ley Nacional de Educación (26.206) sancionada y promulgada por el ex presidente Néstor Kirchner allá por fines del 2006.

En aquel entonces –y hasta ahora– que los alumnos de 5° año combinaran estudio y trabajo estaba bien visto. Sin embargo, esas prácticas formativas que reimpulsa el gobierno actual para ajustar las escuelas a los requerimientos del mercado laboral son duramente cuestionada por parte de los gremios docentes y algunos alumnos, que en rechazo impulsan tomas en varias instituciones educativas desde hace semanas.

El nuevo esquema educativo en análisis, denominado "Secundario del Futuro", incluye dos años de ciclo básico, dos años de ciclo orientado y un quinto año que será "integrador y formativo más allá de la escuela". Así, el último año de escolaridad estará orientado al aprendizaje dentro de las empresas y al desarrollo de habilidades vinculadas al emprendedorismo

Pero los sindicatos que apoyaron en aquel entonces la nueva ley –hoy opositores a Cambiemos– rechazan la idea y sostienen que esas prácticas apuntaría a incluir en las compañías "mano de obra" flexible y barata.

El artículo 33 que el kirchnerimso impulsó en su reforma educativa destaca además que "podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional".

La normativa subraya también que "en todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral".

Así, la ley actual permite –desde hace más de 10 años– que participen "de dichas actividades los alumnos de todas las modalidades y orientaciones de la Educación Secundaria, mayores de 16 años, durante el período lectivo, por un período no mayor a 6 meses, con el acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin".

Incluso, un DNU (1374/2011) firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner reglamentó el Régimen General de Pasantías del Nivel de Educación Secundaria a nivel nacional. Allí, la norma define las pasantías y se especifica la cantidad de tiempo que los alumnos podrán dedicar a la incipiente inserción en el mundo laboral: "Las pasantías durarán un máximo de seis meses, tendrán una actividad máxima de 20 horas reloj semanales y como mínimo durarán 100 horas reloj. Deberán realizarse durante los últimos dos años de la formación secundaria y requerirán que el pasante mantenga su condición de alumno regular"

Especialistas en educación consultados por Infobae coincidieron en que "un sistema de dualización de la educación, es decir tener una buena complementariedad entre educación y el pre tránsito laboral, que te entrene y acerque a la competencia y los haberes específicos del mundo del trabajo, son muy positivas en estos tiempos".

También destacaron que este tipo de formación va llevando progresivamente a poder integrar la teoría con la práctica, incluso en niveles terciarios o universitarios como es el caso del médico, que hace su residencia, o el abogado que es meritorio en tribunales. "Tener una experiencia específica, acompañada y tutoriada, le da más empleabilidad a las personas", sostuvieron.

Recordaron que en el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas, la vinculación de estas instituciones con el sector productivo se realiza desde antes de la ley 26.206 y las prácticas profesionalizantes están dentro de la currícula.

Las prácticas formativas que propone el nuevo plan de estudios, sólo para el último cuatrimestre de quinto año, tienen como propósito presentar al estudiante el mundo del trabajo tal y como es. El modelo, probadamente exitoso, se implementa hace años en países como Finlandia o Alemania. Pero hoy, acá en Argentina, por una ideologizada discusión político-partidaria, hay 30 colegios tomados y miles de adolescentes sin clases.

 

infobae.com

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