Sobre el conflicto de los estudiantes secundarios en Chile (II)

La vuelta de los estudiantes chilenos a las calles de Santiago habla de una persistente protesta que además de reclamar por la educación –que los jóvenes quieren pública, gratuita y de calidad– cuestiona en el fondo el modelo económico y social chileno , uno de los menos inclusivos del planeta.

Mientras Piñera y su gabinete apostaron al desgaste del movimiento estudiantil, esta vez fueron los secundarios quienes salieron a denunciar que no basta ni con una reforma tributaria superficial (en estos momentos en trámite en el Congreso), ni con aumentar las becas, ni con rebajar los intereses de los pesados créditos que pagan las familias para que sus hijos puedan ir a la universidad.

Los jóvenes quieren terminar con las distintas y múltiples trabas para el ascenso social exigiendo por ejemplo que los colegios públicos no sigan en manos de municipalidades (muchas veces sin recursos para financiarlos) o que se termine con los filtros al acceso a la educación superior, hoy determinado por los puntos obtenidos en un examen de ingreso llamado PSU (prueba de selección universitaria) y fundamentalmente por la capacidad económica de la familia (en la OCDE, a la que ingresó en 2010, Chile es después de Estados Unidos el país donde los padres más deben invertir en la educación superior de sus hijos).

Fue esta realidad la que llevó el invierno pasado a mantener la educación pública casi paralizada durante meses, un sacudón que derivó en cambios en el gabinete de Piñera y en una serie de iniciativas que le permiten decir al presidente que “hemos gastado 1 de cada 4 pesos del presupuesto nacional en educación”.

Cabe aclarar que Chile es uno de los países del mundo más privatizados en todas las áreas, uno de los que menos invierte en educación, y que lo hace financiando de la misma manera la educación pública que la llamada “particular subvencionada”.

El “invierno caliente” de 2011, cuando los estudiantes salieron en masa a la calle en Chile, dio como resultado una serie de proyectos aprobados o en trámite que hicieron que, para gran parte de la sociedad chilena, el tema esté cerrado.

Entre otras cosas, se pretende por ejemplo sacar a la banca privada de los créditos a la educación superior y aumentar la inversión en educación preescolar.

De ahí tal vez la caída en el apoyo a las protestas y a los dirigentes estudiantiles, que hoy gozan según una reciente encuesta del instituto CEP, d e sólo el 30 por ciento de confianza ciudadana.

Pero la combatividad estudiantil crece junto a reclamos básicos como el boleto escolar para todo el año o peticiones más radicales como el control comunitario de los colegios públicos.

Al mismo tiempo, se mantienen los constantes excesos de las fuerzas de seguridad: chicas manoseadas, un ómnibus policial metido en el patio de un liceo secundario, gases lacrimógenos lanzados indiscriminadamente son algunas de las escenas cotidianas que hablan de Chile como un país cerca del desarrollo en términos macroeconómicos pero muy lejos en términos de derechos civiles, sociales y humanos.

Con esto también tiene que ver la protesta estudiantil y el llamado “conflicto mapuche” en el sur del país.