Maestra que se quedó sin voz en el aula fue indemnizada con $500.000

Un colegio religioso de Morón fue condenado a pagar casi medio millón de pesos a una maestra que se quedó muda tras sufrir una grave disfonía debido a que debía alzar mucho la voz por los continuos gritos de sus alumnos. 

El fallo fue dictado por la sala I de la Cámara Nacional del Trabajo en favor de C., una docente que durante 15 años se desempeñó en la Escuela Parroquial "María Reina", perteneciente al Obispado de esa localidad del conurbano bonaerense. 

La resolución destaca que "resulta posible afirmar que las dolencias que padece la actora y su incapacidad laborativa son producto de esfuerzos físicos repetitivos, en este caso sus cuerdas vocales, a lo largo del tiempo, máxime si se repara en que trabajó 15 años para la escuela demandada". 

Según el fallo difundido por Eldial.com, las camaristas Gabriela Alejandra Vázquez y Gloria Pasten de Ishihara recordaron que la maestra se desempeñó en el sector primario del establecimiento demandado desde 1993 hasta 2007. 

La docente declaró que en 2005 comenzó a notar disfonías en la voz que le impedían realizar su actividad y que esto fue en aumento durante el año siguiente hasta que en 2007, cuando tenía 37 años, un otorrinolaringólogo le diagnosticó disfonía y le indicó reposo vocal. 

No obstante, la maestra aseguró que el colegio le exigió su permanencia en clase y que el 13 de marzo de 2007, al pretender alzar la voz para dirigirse a sus alumnos, se quedó muda y sin posibilidad de hacerlo. 

Esa contingencia le fue reconocida por Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) así como por la escuela y recibió diferentes tratamientos médicos hasta que le declararon una incapacidad del 43,6 por ciento por la disfonía, una neurosis depresiva y angustia postraumática y la indemnizaron. 

"La actividad escolar es de riesgo, en especial, la correspondiente a la educación primaria, por la sencilla razón de que se reúne un número considerable de niños y niñas menores de edad, muchísimos de ellos, sin siquiera discernimiento para los actos ilícitos", destacó el fallo.

Agregó que "los menores de 10 años, en colectivo, potenciados unos a otros, suelen conversar todo el tiempo dentro del aula y delante del docente, generando el llamado griterío y un ambiente de constante murmullo que lleva al docente a tener que levantar su voz cada vez más para hacerse oír".
 
Por eso, la sala I resolvió que el establecimiento debía responder frente a la maestra, que trabajaba allí desde los 22 años, pues no se probó que hubiese habido culpa de la víctima o de un tercero. 

Para fijar la indemnización, las juezas tuvieron en cuenta su imposibilidad irreversible de sortear con éxito un examen preocupacional y la frustración del proyecto de vida en lo profesional y en el amplio espectro de la vida de relación. 

Por eso decidieron que se le paguen 250.000 pesos por los daños sufridos, más 50.000 por daño moral, lo que totaliza un capital de 300.000 pesos, que sumados a los intereses desde que se tomó conocimiento de la enfermedad, ronda los 500.000 pesos. 

La Cámara también condenó a Provincia ART porque "no surge probado que ésta hubiera cumplido con las obligaciones de control en materia de seguridad e higiene del trabajo". 

"No existen constancias de visita o inspección por parte de la aseguradora específicamente al lugar donde la actora cumplía sus tareas, ni constancia alguna respecto a si se efectuaron mediciones de nivel sonoro en las aulas y en el patio mientras se desarrollaba el recreo", afirmaron las juezas.

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