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12 abril 2016 2 12 /04 /abril /2016 08:49

En medio de las denuncias que existen por parte del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires por los presuntos descuentos en sueldos de los trabajadores, este domingo ocurrió un hecho que paralizó a todo el gremio.

Este jueves 7, Yolanda Mercedes, una trabajadora auxiliar de una escuela especial, se dirigió durante el día de cobro a la sucursal de un banco a fin de retirar su salario. Su sueldo rondaba los 7800 pesos, pero la señora de 60 años notó que en su cuenta había solo 40. Recién al día siguiente advirtió que se trataba, según señalaron desde SOEME, de una medida del gobierno de María Eugenia Vidal en reacción a las medidas de fuerza que el gremio viene concretando desde hace meses. La mujer murió de un infarto tres días después.

En los últimos días, cada afiliado que se dirigía a percibir sus ingresos correspondientes al mes de marzo se encontraba con que su salario se le había retenido. El monto quitado oscila entre los 5 mil a 8 mil pesos y en algunos casos se trata de una retención del 80 por ciento. "Nadie comunicó nada. Iban al cajero y se iban dando cuenta", explicó Enrique a Infobae Sánchez, secretario general del gremio. En el sector están convencidos de que se trató de una medida represiva por parte del Poder Ejecutivo provincial. "Agarraron el padrón del sindicato y descontaron a todos", comentaron.

Mercedes se descompensó el día viernes y debió ser trasladada de urgencia a la clínica Colón, donde murió el domingo por paro cardiorrespiratorio. Según pudo saber este medio, la mujer vivía sola y en su entorno de trabajo había manifestado su preocupación ante la imposibilidad de pagar el alquiler, tarjetas de crédito y otros gastos básicos.

A partir de la muerte de Mercedes, desde el gremio formularon una denuncia penal por presunto "homicidio culposo" en la comisaría N°2. En el texto, se señala como responsable del deceso de la trabajadora a Vidal y al director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocciaro. Ambos funcionarios, indica el documento, "habían decretado un descuento de un 80% del salario, en concepto de días no laborados por huelgas realizadas por el sindicato".

"En campaña Vidal hablaba de diálogo y consenso y con nosotros no lo cumplió. No nos llamaron ni nada", apuntó Sánchez. Además, afirmó que se les descontaron ingresos "a personas que tienen licencia médica o que se encontraban en uso de licencia por maternidad".

En este sentido, el secretario general amplió: "La mayoría son mujeres y tienen un sueldo que no llega a los 8 mil pesos. Muchos tienen enfermedades, 5 chicos, y hay que darles de comer. Es una situación extrema la que están viviendo. Es caótico. En los años que tengo en el sindicato jamás he visto que se manejen de esta manera. Es como si fuera un acto disciplinario".

Y concluyó: "Es indignante. Esta compañera no había hecho la retención de tareas ni siquiera. El sindicato va a ir hasta las ultimas consecuencias para que no quede impune".

El conflicto

El Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación mantiene con el gobierno bonaerense un conflicto desde el pasado 7 de marzo. Ese día, el gremio que nuclea a porteros, cocineras, y personal de maestranza comenzó a realizar retención de tareas en todos los establecimientos. El reclamo inicial: un salario mínimo de 10000 pesos para los auxiliares y el no cierre de las paritarias.

Dos días después, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciaba el cierre de la discusión salarial. Sin embargo, ni los representantes de ATE ni aquellos de SOEME aceptaron el aumento del 15% para el primer trimestre. Desde el gremio se hizo una presentación al Juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias, quien ordenó con carácter de medida precautelar "la prohibición de innovar para que el Poder Ejecutivo Provincial se abstenga de concluir formalmente la negociación paritaria, hasta tanto medie un nuevo pronunciamiento en la causa".

Luego de que recientemente se conocieran los descuentos de salarios, el gremio se presentó nuevamente al juzgado y, en esta oportunidad, Arias ordenó que cesen los descuentos de haberes y que se reintegren las detracciones salariales al personal. En el fallo, se indica que "tanto la conducta que habría asumido la Administración demandada al efectuar descuentos a las personas afiliadas a los gremios involucrados en la protesta, sin distinción alguna y por el solo hecho de su afiliación, constituiría un acto de discriminación sindical".

Además, se destaca en el texto que la función que cumple la retribución salarial "trasciende las fronteras del derecho estrictamente patrimonial, en cuanto su limitación agravia la dignidad del individuo, al impedirle el goce pleno de los derechos que le aseguren un nivel de vida adecuado para su subsistencia y la de su grupo familiar"

infobae.com

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Published by Polimodalitos
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